• «Ni tiene validez ni se ha debatido», afirma el Gobierno
Oviedo, P. GONZÁLEZ / P. ÁLVAREZ, para La Nueva España
El Gobierno regional no aplicará finalmente el protocolo que autorizaba a la Administración a controlar los modos de navegar por internet y el intercambio de correos electrónicos de los funcionarios del Principado. «El documento existe, pero ni tiene validez, ni se ha debatido, ni va a llevarse a efecto», afirmaron ayer fuentes de la Consejería de Administraciones Públicas.
El contenido del plan, muy prolijo y taxativo, fue desvelado ayer por este periódico. Su filosofía puede resumirse en una aseveración que se repetía en varios puntos del documento: «Los empleados de la Administración del Principado no pueden albergar ninguna expectativa de privacidad respecto a la utilización que hagan de los equipos informáticos puestos a su disposición».
El «protocolo telemático», que llevaba varias semanas circulando por diversas instancias de la Administración asturiana, disgustaba profundamente a los sindicatos. Según María Soledad Gómez, secretaria del sector de la Administración autonómica de FSP-UGT, se trata de un documento «aberrante» y que «atenta contra todo». Tras conocer su contenido, el sindicato había puesto a sus servicios jurídicos a trabajar, según Gómez, «para valorar sus implicaciones jurídicas». «Afortunadamente han retirado el documento, pero no estábamos dispuestos ni a discutirlo ni a sentarnos a tratar el asunto», indicó Gómez, quien apostilló: «Si llegan a imponérnoslo, lo habríamos recurrido».
El plan señalaba que los trabajadores públicos que vulnerasen el protocolo incurrirían en falta leve, grave o muy grave. Una tipificación que, en el peor de los supuestos, podría acarrear la separación del servicio de los funcionarios responsables. Establecía que todos los programas, archivos y documentos incluidos en los sistemas y equipos informáticos de la Administración «deben utilizarse con una finalidad exclusivamente profesional, sin que, en consecuencia, puedan ser utilizados para uso personal o privado (ni siquiera fuera del horario laboral)».
«Es un documento que ni siquiera ha sido discutido ni estudiado, uno de los muchos documentos que se elaboran en la Administración», señalaron las citadas fuentes de la Consejería que dirige Ana Rosa Migoya.
El plan señalaba que los empleados públicos sólo podrían realizar a través de internet conexiones «que obedezcan a fines estrictamente profesionales». Vetaba, asimismo, «el acceso a páginas web de contenido ofensivo, inapropiado, pornográfico, erótico o discriminatorio». Y, acerca del correo electrónico, únicamente permitía el uso personal de forma excepcional y siempre que existieran «razones urgentes o de especial gravedad» para «contactar con el hogar familiar, concertar citas inmediatas o transmitir recados urgentes»; o bien que el trabajador debiera realizar alguna gestión inexcusable que le evitase ausentarse de su lugar de trabajo.
Medio centenar de funcionarios de las consejerías de Presidencia y Cultura, ubicadas en el «edificio Calatrava», en Oviedo, se manifestaron ayer -en la imagen- a las puertas del edificio con el fin de denunciar los «problemas medioambientales» que sufren en el interior de las oficinas. Los empleados del Principado aseguran que la ventilación de las instalaciones es «nociva para la salud» y que la iluminación resulta muy molesta. Miguel Ángel González, miembro de la junta de personal, subrayó: «A nadie se le debió ocurrir instalar unas oficinas aquí».
