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Actualidad

El rejuvenecimiento de las plantillas no es cuestión de querer o no querer jubilarse …

El Sespa se ahorra más de 15.000 euros con la sustitución de cada médico jubilado

El salario medio de un facultativo de 64 años es de 80.000 euros anuales
Quirós no prevé conflictos a causa del plan de recursos humanos

Oviedo, P. Á., para La Nueva España

Un médico de 64 años le cuesta a la sanidad pública algo más de 80.000 euros anuales. Otro médico que trabaje en condiciones similares, pero recién ingresado en el sistema sanitario, supone un desembolso de 64.000 euros. Aquí, en estos 16.000 euros, radica una de las razones por las que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) está tan interesado en promover la jubilación obligatoria de su personal a los 65 años.

En la actualidad, es relativamente frecuente que los facultativos prolonguen su vida laboral hasta los 70 años, ya que las condiciones económicas de las que disfrutan en activo son sustancialmente superiores a las que les corresponden cuando pasan al régimen de pensionista.

Además de la diferencia salarial, conviene tener en cuenta que la citada retribución del médico joven ha sido calculada con dos guardias mensuales de 17 horas en jornadas laborables y otra de 24 horas en día festivo. Sin embargo, los facultativos mayores de 55 años están eximidos de guardias y, a cambio, pasan consultas por las tardes. El salario del médico mayor ha sido estimado sobre cuatro módulos de consultas mensuales de cuatro horas cada uno.

No obstante, la gran diferencia entre una cuantía y otra radica fundamentalmente en la carrera profesional (12.362 euros anuales para quien se halla en el cuarto tramo, el más alto) y en la antigüedad (7.477 euros por 12 trienios).

La administración sanitaria tiene el firme propósito de llevar a la práctica la jubilación forzosa a los 65 años. El Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Sespa implicará el cese de la actividad laboral de casi 1.500 trabajadores, de aquí a finales de 2013. De ellos, cerca de 350 son médicos. Se trata de una medida que, pese a figurar en el Estatuto Marco del Personal Estatutario -de ámbito nacional-, no podía ser aplicada en Asturias a causa de la carencia de una regulación autonómica.

La jubilación forzosa «pretende fomentar el equilibrio y renovación de las plantillas al tiempo que posibilitar la entrada al sistema de los profesionales más jóvenes», justifica el plan de recursos humanos. Fuentes del Sespa precisaron que el principal motivo de preocupación de la Administración regional radica en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), cuya plantilla está especialmente envejecida y afronta, además, el reto de trasladarse a la nueva sede La Cadellada, paso que las autoridades sanitarias quieren acompañar de una profunda reforma organizativa. Según informó este periódico el pasado viernes, con la aplicación de la jubilación forzosa a los 65 años el Hospital Central deberá afrontar la renovación del 40 por ciento de las jefaturas de servicio y de sección. En el Central trabajan 60 médicos que han cumplido 65 años: de ellos, 14 son jefes de servicio y otros 24 jefes de sección.

El consejero de Salud del Principado, Ramón Quirós, anunció ayer que «en las próximas semanas» va a iniciarse la negociación del plan de recursos humanos, un proyecto que calificó de «importante y necesario», según recoge «Efe». «Lo único que busca es armonizar la capacidad de dar asistencia a toda la población en todo el territorio asturiano con los derechos laborales de los trabajadores», señaló el consejero, quien no prevé que el documento vaya a ser conflictivo, «aunque siempre dependerá de la voluntad de las partes».

Distinta es la previsión del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), que considera que el apartado de jubilaciones está marcado por la «arbitrariedad» y advierte de que, de no ser modificado «en aspectos esenciales», el plan de recursos humanos «augura una conflictividad generalizada en el Sespa». Entre tanto, la Plataforma de Defensa de la Atención Primaria, integrada por médicos, sostiene que el documento «contiene algunos cambios que la Administración quiere imponer después de fracasar en el intento de implantarlos por la vía de la negociación».

El Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SESPA empieza a debatirse …

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Salud vincula el progreso en la carrera profesional a la implicación en el «plan Quirós»

El plan de recursos humanos fija que todas las jefaturas se cubran por libre designación y limita la dedicación exclusiva a los puestos de responsabilidad

Oviedo, P. Á., para La Nueva España
La Consejería de Salud del Principado no cede. El proyecto de plan de ordenación de recursos humanos, que en los próximos días comenzará a ser negociado con los sindicatos, recoge algunos de los aspectos que han caldeado el ambiente sanitario regional en lo que va de legislatura. El documento da cobertura a la realización de guardias y al traslado a las tardes de parte de la jornada de trabajo ordinaria. Asimismo, vincula el progreso en la carrera profesional (con el consiguiente cobro de los pluses correspondientes) a la implicación de los profesionales en las unidades de gestión clínica.

Dicho de otro modo: el plan de recursos humanos da una nueva vuelta de tuerca en varias de las cuestiones más controvertidas del coloquialmente denominado «plan Quirós» de reforma de la atención sanitaria. De hecho, en algunos sectores tradicionalmente contrarios a la política que se lleva a cabo desde la Consejería se subrayaba ayer que las autoridades sanitarias tratan de «colar por la puerta de atrás» asuntos que no han podido sacar adelante por la vía de la negociación.

El documento afecta tanto a la atención primaria (centros de salud) como a la especializada (hospitales). Ha sido elaborado por el Servicio de Salud del Principado (Sespa), y en los próximos días comenzará a debatirse en la Mesa General de la Función Pública, donde el Ejecutivo se ha encontrado hasta ahora con la benevolencia de UGT y Comisiones Obreras y la oposición de los sindicatos de médicos (SIMPA), enfermeros (SATSE) y celadores (Sicepa-Usipa). Algunos asuntos que toca el plan no han figurado en las polémicas más recientes, pero atañen a cuestiones de fondo. Son, entre otros, la dedicación exclusiva, el sistema de selección para las jefaturas y la jubilación de los profesionales.

La dedicación exclusiva en la sanidad asturiana está pendiente del pronunciamiento del Constitucional. Años atrás, el Gobierno regional dictó una normativa en la que prohibía a los profesionales de la sanidad pública ejercer también en la privada. Esta medida fue radicalmente rechazada por el Colegio de Médicos y llevada ante el Constitucional. El plan de recursos humanos afloja ligeramente las pretensiones, pero se abona a una cierta indefinición. No impone la exclusividad a los profesionales de base, pero sí para «el desempeño de jefaturas y mandos intermedios», así como de «otros puestos singularizados» (que no especifica) y para la «prestación de servicios en régimen de dedicación especial» y «otros puestos en función de las características de los mismos». Todos ellos llevarán implícita «la incompatibilidad con cualquier otra actividad ya sea pública o privada».

El modo de seleccionar a los profesionales que ejercerán estas funciones de responsabilidad también tiene miga: «Serán provistos por el sistema de libre designación en la forma que se determine». El documento precisa que este modelo de selección «implicará consecuente y necesariamente la posibilidad de remoción de sus ocupantes con el mismo carácter discrecional mediante la oportuna resolución». Adiós al jefe vitalicio.

Acerca de la jubilación, el documento incidirá de forma especial en los médicos, único colectivo que en ocasiones se muestra interesado en declinar el cese de su actividad a los 65 años y en prolongar su vida laboral hasta los 70. El plan establece la «jubilación forzosa a todos los profesionales que cumplan 65 años». Se contemplan excepciones: las de aquellos que voluntariamente quieran seguir y que desempeñen una actividad en la que se registra escasez de profesionales. Medida que tendrá un severo impacto en determinadas plantillas envejecidas.

La mencionada alusión a la obligatoriedad de las tardes viene recogida del siguiente modo: «La programación de la jornada ordinaria de trabajo del Sespa estará orientada a dar respuesta efectiva y satisfactoria a las demandas de la población, por lo que podrá ser distribuida de forma irregular, cuando los motivos asistenciales u organizativos lo justifiquen debidamente». El documento apostilla que «esta distribución irregular podrá afectar a las jornadas programadas de trabajo, a los turnos o a los horarios». Acerca de las guardias, el texto hace constar que artículo 19 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud «recoge como uno de los deberes del personal estatutario la cobertura de las jornadas complementarias establecidas para garantizar el funcionamiento permanente de los servicios sanitarios».

 

Sergio Gallego: «El 70% de la población consulta sus enfermedades en internet»

El desmantelamiento del Hospital de Jarrio y "Cangas"

El equipamiento se perderá por la falta de recursos humanos

Lne.es
 

M. BEDIA ALONSO EX ALCALDE DE NAVIA POR EL PP Se decía -y se dice- «se tiene más moral que el Alcoyano», digo yo de Santolaya y Santacatalina. A mí, como al Alcoyano, la moral no me falta, por eso sigo peleándome en la desigual batalla por la pérdida de algo tan necesario para la población noroccidental como es el Hospital Comarcal de Jarrio, hoy en fase de desmantelamiento asistencial y que representará para nosotros, para nuestra comarca, la pérdida del equipamiento social como se concibió y funcionó durante unos años. Esta pérdida es la consecuencia de no cubrir la falta de recursos humanos en los distintos niveles profesionales de servicios hospitalarios y que, en algunos casos, se pone puente de plata para la salida de ellos a otros centros hospitalarios, incluso en comisión de servicios.

Toda persona con compromiso político y ciudadano debe denunciarlo, aunque tenga una sensación de hastío por la falta de inquietud en la clase política, local y regional, y a que la mayoría de los medios de comunicación no se haga eco de la situación y no coadyuve al rechazo y rectificación de la actual política hospitalaria en el Occidente, responsabilidad del Gobierno regional. Lamentable es el protagonismo adquirido por una minúscula parte de funcionarios públicos que confunden esa condición con su adscripción política y de servidumbre partidista, posiblemente porque su aura está más en consonancia con los logros desde la política que desde el servicio a los ciudadanos como deber, teniendo ellos una gran responsabilidad en la mentira que se divulga desde la institución.

Las razones que tenía las mantengo totalmente: no sólo se fue perdiendo calidad en las prestaciones, sino que éstas se han ido mermando por falta de profesionales que mantenían una credibilidad y una confianza para el usuario que hoy no hay. Es una vergüenza comprobar cómo se manda a otros hospitales a la mayoría de los ingresados o éstos ya exigen el pase a otros centros, especialmente para intervenciones quirúrgicas, o ver cómo los profesionales con autoestima piden traslados masivamente por no soportar el deterioro que se vive en el centro hospitalario. Como dice un bien conocido doctor, «esto nunca ha estado tan mal, tan desordenado como lo está ahora y ahí está: es el origen de las peticiones de traslado». El futuro es muy preocupante, pues esas plazas no serán cubiertas, como viene siendo habitual. La alarma social no está en mis denuncias, está en lo que cotidianamente ocurre en el centro.

Lo cierto es que la situación sanitaria para el Occidente se está llevando a efecto por un Gobierno del partido que se autoproclama referente de los derechos sociales de la ciudadanía, que crea leyes determinantes en los avances sociales y que, después, o no las cubre presupuestariamente o va disminuyendo la calidad asistencial de otras, como sucede con el Hospital de Jarrio. Esta política para el Occidente perjudica, evidentemente, a las familias más vulnerables y alejadas del centro de Asturias, llevándolas a gastos y a situaciones penosas e incluso a sentirse justamente indefensas ante estas acciones. Se exigen a otras administraciones políticas de solidaridad interterritorial y nos encontramos con que somos nosotros quienes no las cumplimos en nuestro territorio al crear un mundo de desigualdades, muy evidente al comparar el área central con la del Occidente

El despilfarro y la falta de criterio son notables. La política sanitaria seguida en el Hospital de Jarrio no es algo aislado en el Occidente y está teniendo una puesta en escena en otras localidades cabeceras comarcales. Del Hospital de Jarrio se habla por los equipos rectores como de pionero en programas sanitarios y se dice pervirtiendo el verdadero sentido del lenguaje. La realidad de las políticas y programas pioneros está, evidentemente, reflejada en la política de desmantelamiento que ahora aplican en otras cabeceras de comarca: la verdad es que fuimos los cobayas en el tanteo o pulso de la reforma, ahora siguen Luarca y Cangas del Narcea.

En Luarca se crea un ambulatorio general, más dos secciones especificas: psiquiatría para ocho residentes y rehabilitación psicomotora. El servicio de psiquiatría está cerrado y se justifica por la falta de «catering», cuestión ésta difícil de aceptar; lo que sucede es que no hay voluntad de que las cosas funcionen y se les aplica un criterio de economía por anulación del gasto en perjuicio de un servicio importante por necesario. Pero el servicio de rehabilitación, con 400 metros cuadrados de planta y un equipamiento moderno, está también cerrado y hubo incluso intentos para sacar los aparatos, lo que no se hizo para evitar escándalo y el amotinamiento de los vecinos de Valdés. Aquí no es necesario el servicio de «catering», pero más de lo mismo: economía por amortización de facto de los servicios. ¿Cuál fue el criterio para la implantación de este ambulatorio?

En Cangas del Nancea se va también al desmantelamiento del hospital. Es algo en marcha siguiendo el esquema de Jarrio. Se ubicará dentro del hospital el centro de salud. Evidentemente, se pretende achicar el espacio hospitalario, reducir los servicios y, en definitiva, ir desactivando servicios hospitalarios. De siempre con problemas, así se resuelven todos y nuevamente se va a las políticas economicistas, claramente al margen del interés general de la población y de la igualdad de derechos, sin sensibilidad social y humana, aunque la retórica, cargada de falsedad, vaya por un lado, y la verdad cierta por otro. En Jarrio y Cangas quedaran urgencias como centro de distribución, terminales, y algunos diagnósticos benignos porque los accidentes, en general, ya no son a cargo del hospital, que se resarce de gastos mediante facturación a mutuas y aseguradoras.

Lo que sí resulta esperpéntico es que se hayan expropiado recientemente terrenos para un centro de salud para Cangas, seguramente contra la voluntad de la propiedad, y ahora queden sin la ocupación para el fin que motivó su expropiación, lo que nos dice de las previsiones y planificación de la sanidad asturiana. Posiblemente, eso sí, el propietario expropiado pueda pedir ahora la reversión. No obstante, la posible subsanación legal de indudables perjuicios no debe ocultar la desconsideración con los habitantes del Occidente, narcotizados por los partidos, las influencias, los medios de comunicación y, sobre todo, porque en las zonas rurales todos nos mostramos un poco sumisos ante los servicios y las instituciones, porque allí hemos de ir y nos encontramos con personas que nos confunden; los miedos, los conocidos, la amistad o un sentido sutil de buscar un buen trato que por derecho no merecemos.

Ante tanto despropósito uno se pregunta cuál es el criterio que se siguió para la planificación hospitalaria de Asturias. ¿Era necesario el nuevo HUCA o ha sido una decisión megalómana, cuando, debidamente reformado, el actual complejo hubiera sido más racional? ¿No está condicionado ahora y para un largo plazo el futuro de la sanidad por unas inversiones posiblemente desproporcionadas en el HUCA y su descontrol en el gasto junto a otras obras difícilmente justificables medioambiental y socialmente y con futuro? ¿No es errónea esta política hospitalaria para las alas? ¿No está unida esta decisión con el proyecto de Ciudad Asturias que tanto le gusta al actual Gobierno regional? ¿El nuevo HUCA, y su localización, no es una concesión a los intereses, los localismos y a los «barones hospitalarios», sin pararse en los desequilibrios en la igualdad de derechos de los ciudadanos de la Asturias región. El señor presidente ya sabe lo que pienso, a más, sobre la ubicación del actual HUCA; sólo diré que creo que ha sido un atropello sobre un espacio cargado de historia de dolor que merecía otro tratamiento.

Que los políticos autonómicos son insensibles a esta situación es para mí una constante y palmaria realidad. Los que gobiernan tienen su proyecto y lo defienden como partido hasta donde sea necesario, en aras de sus veleidades e intereses. La oposición está, igualmente, a lo suyo, y el colmo es que para el presidente del partido mayoritario de la oposición su única prioridad está en buscar un puesto en Bruselas; para él, Asturias es el medio. Y a esta farsa lo grave es que sus dos avalistas lo consienten y lo apoyan, claro: una, a lo suyo, y el otro, en su pertinaz partida de envite llevada a la política, sin darse cuenta -unos y otros- que esto dispersa al electorado. Lo triste es que, por lo que vemos, el futuro contiene las mismas coordenadas, sin una pátina de sacrificio y buen hacer.

 

Quirós ve injusto que haya jubilados cobrando 2.000 euros con medicamentos gratis

Señaló esto teniendo en cuenta que hay parados que sí tienen que pagar sus medicamentos.

El consejero de Salud y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós, defendió hoy la apertura de un debate a nivel nacional en el que se tratase el actual pago de los medicamentos. Refiriéndose a un caso real, Quirós señaló que es "injusto" que un jubilado que conoció y que cobraba 2.000 euros mensuales, resultándole los medicamentos gratuitos, mientras que una vecina de ese hombre que se había quedado en paro tiene que pagar un porcentaje de los mismos.

El trabajador que no haya disfrutado las vacaciones por razones ajenas a su voluntad podrá reclamar su disfrute al año siguiente añadidas a las de ese año ...

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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EUROPEO (GRAN SALA)

Derecho a las vacaciones en un período distinto al del año natural, en caso de no haber podido ejercerlo a causa de IT o permiso de maternidad

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Sentencia dictada el 20.01.09, ha establecido la siguiente interpretación de obligado cumplimiento y acatamiento por las legislaciones de los países miembros, con relación a la Directiva 2003/08 que regula las condiciones de trabajo (ordenación del tiempo de trabajo):

1. El Derecho Comunitario garantiza el derecho de los trabajadores a las “vacaciones anuales retribuidas” (con independencia de su estado de salud) y el derecho a la “licencia por enfermedad” (cuando esté incapacitado para el trabajo), a través de la Directiva 2003/08 no permitiendo ningún tipo de excepciones.

2. Según el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88, los trabajadores dispondrán de un período de al menos 4 semanas de vacaciones anuales retribuidas. Por lo tanto, este derecho a vacaciones anuales retribuidas – que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debe considerarse un principio del Derecho Social Comunitario que reviste especial importancia – se  le reconoce a todo trabajador, con independencia de su estado de salud.

3. Un permiso garantizado por el Derecho Comunitario no puede menoscabar el derecho a disfrutar de otro permiso garantizado por ese mismo Derecho (Sentencias Merino Gómez, apartados 32 y 33; de 14-4-2005, Comisión/Luxemburgo, C-519/03, Rec. P. l-3067, apartado 33, y de 20-9-2007, Kiiski, C-116/06, Rec. P. l-7643, apartado 56).

4. Los trabajadores tienen derecho a disfrutar de sus Vacaciones Anuales Retribuidas en un período distinto al año natural en curso, si no ha podido disfrutar de sus vacaciones por motivos ajenos a su voluntad.

5. Un trabajador que durante todo el período de devengo de las vacaciones anuales y a lo largo del período de prórroga fijado por el Derecho Nacional, se haya encontrado en situación de baja por enfermedad, se vería privado de disfrutar sus Vacaciones Anuales Retribuidas, por lo que tendrá derecho a disfrutar de las mismas una vez finalizada la baja por enfermedad.

6. El derecho a Vacaciones Anuales Retribuidas no se extingue al finalizar el período de devengo de las vacaciones anuales y/o el período de prórroga fijado por el Derecho nacional, cuando el trabajador se haya encontrado en situación de baja por enfermedad durante la totalidad o parte del período de devengo y no haya tenido efectivamente la posibilidad de ejercitar este derecho que la Directiva 2033/88 le reconoce.

7. Una vez finalizada la relación laboral, ya no resulta posible disfrutar de modo efectivo las Vacaciones Anuales Retribuidas. A fin de evitar que, como consecuencia de esta imposibilidad, el trabajador quede privado de todo disfrute del mencionado derecho, incluso en forma pecuniaria, el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88 prevé que el trabajador tendrá derecho a una compensación económica.

8. Cuando se trate de un trabajador que, por razones ajenas a su voluntad, no haya estado en condiciones de ejercitar su derecho a Vacaciones Anuales Retribuidas antes de que finalizara la relación laboral, la compensación económica a la que tiene derecho deberá calcularse de tal modo que el referido trabajador ocupe una situación comparable a aquélla en la que se habría encontrado si hubiera ejercitado el mencionado derecho durante su relación laboral. De ello se sigue que la retribución ordinaria del trabajador, que es la que debe mantenerse durante el período de descanso correspondiente a las vacaciones anuales retribuidas, resulta asimismo determinante para el cálculo de la compensación económica en concepto de Vacaciones Anuales Retribuidas no disfrutadas al finalizar la relación laboral.

9. Los mismos derechos tienen las trabajadoras que hayan estado de Baja por Maternidad.

CONCLUSIONES: Un trabajador que no haya podido disfrutar de toda o parte de sus Vacaciones Anuales Retribuidas por haber estado de Baja por Enfermedad o Maternidad:

1º. Conserva el derecho a disfrutar las Vacaciones Anuales Retribuidas aún después de finalizar el año natural y este derecho no puede suprimirse ni siquiera mediante Leyes de los Estados de la Unión Europea.

2º. Si finalizada la baja por enfermedad o maternidad, fuera imposible disfrutar las Vacaciones, por haber finalizado la relación laboral, el trabajador tiene derecho a Compensación Económica equivalente a sus retribuciones ordinarias.

VER TEXTO INTEGRO DE LA SENTENCIA

Fuente: http://curia.europa.eu

Cangas cede una parcela para un centro de mayores

Con la abstención del PSOE, el pleno de Cangas del Narcea dio el visto bueno a la cesión de una parcela de 5.380 metros cuadrados a la consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado para levantar en la misma "equipamientos de servicios sociales especializados y viviendas sociales". La parcela está situada en El Reguerón, junto a la AS-15, y actualmente se utiliza como aparcamiento habilitado para camiones y autocares.

Los alumnos piden a Sanidad que flexibilice la troncalidad

El II Congreso de Educación Médica de Valladolid ha servido para que los estudiantes pongan sobre la mesa las debilidades que, según ellos, tiene la formación troncal que propone el Consejo Nacional. Creen que el acceso a la especialidad es rígido, contraproducente e inadecuado.

Los estudiantes no están del todo conformes con la estructura que adquirirá la formación posgraduada española. Creen que es una buena oportunidad para mejorar el catálogo de competencias y habilidades de las especialidades médicas, pero ven debilidades en su desarrollo. Así lo han manifestado en el II Congreso de Educación Médica de Estudiantes de Medicina de Valladolid, organizado por el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).

El documento de troncalidad, elaborado por el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, especifica que la elección de la especialidad se hará al final de los dos años comunes del tronco y que sólo se podrá optar a una de las disciplinas que integran cada uno y en sus centros.

CEEM cree que limitar el acceso a la especialidad a las plazas disponibles en el hospital donde se vaya a realizar el tronco "es un elemento de desigualdad contraproducente que dificulta la elección de centro y que frustrará vocaciones. Los aspirantes preferirán los grandes hospitales para poder optar a más puestos de su especialidad al finalizar el tronco", señala José Antonio Rueda, de CEEM.

Según él, el acceso a la formación específica no debería estar sujeta a un único centro, "sino que debería abrirse a todos los hospitales".

A este respecto, Alfonso Moreno, presidente del Consejo, es claro: "Lo que piden los alumnos es complejo y tampoco garantizaría que todo el mundo lograse la plaza deseada, como tampoco ocurre ahora. Quien tenga clara la especialidad que quiere cursar deberá trabajar duro para lograr la plaza con buenos resultados en los dos primeros años".

Manuel Carmona, vocal de posgrado de la Organización Médica Colegial, propone que la elección de la especialidad se haga antes de iniciar la troncalidad y no después: "La gente suele tener claro lo que quiere hacer y no tiene sentido retrasarlo dos años".

Moreno recuerda que el objeto de la troncalidad es facilitar la elección y reducir el 10 por ciento de renuncias que se producen cada año con el sistema actual.

Para acceder a la formación específica se tendrá en cuenta al finalizar el tronco la nota MIR (70 por ciento) y la evaluación continua de los dos años comunes (30 por ciento). Consejo y CEEM tampoco se ponen de acuerdo en esto. Moreno defiende la evaluación de la dedicación y esfuerzo de la formación troncal y CEEM pide que la calificación de este periodo se reduzca a un apto o no apto.

Moreno insiste en que el documento del Consejo sólo es una propuesta que deberá perfilar Sanidad.